ORDENA LA CNDH PROTEGER LA COMUNIDAD DE CHOREACHI

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–Dora Villalobos Mendoza

A raíz del asesinato de dos líderes indígenas en el municipio de Guadalupe y Calvo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un dictamen histórico: Solicitó al Gobierno federal y al Gobierno estatal tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas que viven en Choreachi. Se estima que esta comunidad tiene alrededor de 800 habitantes.

La decisión de la CNDH es histórica porque comúnmente dicta medidas cautelares para una persona que está en riesgo. Esta vez está decidiendo medidas cautelares para toda la comunidad.

El dictamen está dirigido a Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad Pública y a César Jáuregui Robles, Secretario General del Gobierno del Estado de Chihuahua. Textualmente les pide “garantizar la protección a la seguridad pública, así como a la integridad física y vida de las y los habitantes de la comunidad de Choreachi, municipio de Guadalupe y Calvo”

El oficio fue emitido el viernes 3 de febrero y especifica que los funcionarios cuentan con tres días naturales para informar a la CNDH si aceptan su petición. También les solicita un informe pormenorizado sobre las medidas cautelares adoptadas. Aclara que las medidas deberán implementarse durante el tiempo que se requiera, evitando así la consumación irreparable de hechos violatorios a los derechos humanos que causen daños de difícil o imposible reparación.

Como se ha informado, en sólo quince días fueron asesinados dos líderes indígenas en el municipio de Guadalupe y Calvo.

El 15 de enero fue asesinado Isidro Baldenegro en Coloradas de la Virgen. La noticia se divulgó a nivel nacional e internacional porque Isidro se convirtió en un líder muy reconocido después de que le otorgaron el Premio Goldman por su trabajo en defensa del medio ambiente y los recursos naturales de la Sierra Tarahumara.

Dos semanas después, el martes 31 de enero, fue asesinato Juan Ontiveros, comisario de Policía de Choreachi. Días antes Juan participó en una comisión de habitantes de esa comunidad que vino a la capital del estado para hacer distintas diligencias, incluida la petición de seguridad debido al alto riesgo que enfrentan todas las personas que viven en Choreachi.

La CNDH respondió a la petición que hicieron Isela González, Ruth Fierro y Diana Villalobos, representantes de Alianza Sierra Madre, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Consultoría Técnica Comunitaria, organizaciones que dan acompañamiento a las y los habitantes de varias comunidades de la Tarahumara, incluidas Choreachi y Coloradas de la Virgen.

Las organizaciones mencionadas informaron a la CNDH que en la Sierra Tarahumara ocurren actos de violencia por el dominio de grupos del narcotráfico en la siembra, cultivo y trasiego de marihuana y amapola, lo que ha ocasionado el desplazamiento de más de 50 personas de sus comunidades ante las amenazas y hechos violentos que han sufrido por estos grupos para apoderarse de sus tierras.

Explicaron a la Comisión que Guadalupe y Calvo es uno de los lugares de mayor siembra y cultivo de amapola y ahí se encuentran las comunidades Coloradas de la Virgen y Choreachi, quienes han sido despojadas por años a manos de caciques vinculados con empresas de madera y grupos del crimen organizado.

Especificaron que Choreachi ha sufrido desde el 2013 un constante hostigamiento y total control de los invasores que están vinculados con el narcotráfico.

Denunciaron que solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dos personas más activas en la labor de visibilizar la situación en la comunidad y a pesar de la existencia de éstas, no se ha logrado la efectiva protección de los beneficiarios y menos han sido suficientes para garantizar la seguridad de toda la comunidad.

Con la información que recibió de las organizaciones, la CNDH consideró que en este caso se actualizan los elementos de gravedad, urgencia y daño irreparable, por lo que se debe salvaguardar la protección de sus derechos mediante la implementación de medidas cautelares.

Por ello tomó la decisión de requerir al Gobierno federal y al Gobierno estatal para que, en el ámbito de sus atribuciones, adopten medidas cautelares para garantizar la protección de todas las personas que habitan en Choreachi, comunidad de Guadalupe y Calvo.

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